¿Podemos poner trabas legales a la expresión de la voluntad popular?
“La soberanía implica, literalmente, que por encima de la voluntad democrática de los ciudadanos no hay nada”, proclamó el líder de ERC Oriol Junqueras el pasado miércoles, durante la sesión en la que el Parlamento catalán aprobó su derecho a decidir. “Se sitúa por encima de cualquier imposición que venga de otros marcos legales o de la voluntad de otras naciones”.
“No hay debate entre los que son soberanistas y los que no”, puntualizó por su parte el ecosocialista Joan Herrera, “sino entre los que quieren que se reconozca un ejercicio democrático y los que no”.
Esta contraposición entre “legalidad” y “voluntad democrática” es habitual entre los nacionalistas. Nos encontraríamos frente a dos realidades distintas y sucesivas, y la democracia consistiría en conformar la primera a partir de la segunda. Cualquier norma que contrariara la soberanía popular sería antidemocrática.
El problema de este planteamiento es que la voluntad democrática no es algo que uno se encuentre en la naturaleza, como una manzana o un mirlo. No surge espontánea y resplandeciente de la tierra, como Venus de la espuma del mar. La soberanía popular es un artificio, y su construcción está sujeta a determinadas reglas. Aunque Junqueras crea que por encima de la democracia no hay nada, existen unos límites, que son justamente los que hacen posible la democracia. No vale con que un iluminado diga: “Esto es lo que quiere la nación”. Hay que averiguarlo mediante un proceso que respete ciertas condiciones, entre las que figuran los derechos políticos fundamentales. Montar una votación no es suficiente. En Cuba se vota todo el rato. Hace falta además que cada ciudadano emita un voto informado, y para ello cada posición debe gozar de las mismas oportunidades de expresarse.
También es esencial que se escuche a todas las personas que van a verse afectadas por el resultado de la votación. No puede ser, por ejemplo, que un alcalde organice un referéndum para exonerar del pago del impuesto sobre la renta a sus vecinos, por mucho que exista una voluntad abrumadora del pueblo. El sujeto de soberanía en materia fiscal no es el municipio, sino la nación.
Lo que hace la declaración del Parlamento catalán es alterar unilateralmente el sujeto de soberanía. Es como un gerrymandering inverso: del mismo modo que en Estados Unidos cambian la forma de una circunscripción para meter dentro a las bolsas de votantes propicios, en Cataluña sacan fuera a las bolsas de votantes contrarios.
¿Puede hacerse esto? Las reglas de juego actuales no lo contemplan. El Tribunal Constitucional considera que un Parlamento autonómico carece de legitimidad para modificar el ejercicio de derechos fundamentales, porque todos los españoles tenemos los mismos.
Eso no significa que las reglas de juego no se puedan cambiar, pero siguiendo los cauces previstos para ello, y que en este caso consistirían en una negociación que persuadiera a una mayoría del país de que los catalanes (o los vascos o los gallegos o los cántabros) pueden decidir unilateralmente si siguen o no formando parte de España.
Este procedimiento no es una imposición que coarte la expresión de la soberanía popular; es lo que la hace posible. Igual no coincide con la soberanía popular que tienen en mente Junqueras y Herrera, incluso es posible que saltarse las trabas legales hiciera más felices a los catalanes; pero no sería un ejercicio democrático. La democracia implica, literalmente, que por encima de la voluntad de los ciudadanos hay todo tipo de límites.
el justo miedo 
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Ergo tu discrepancia no es consultar, sino el ámbito de la consulta. Convoquemos, pues, un refrendo en todo el Estado sobre la propia pertenencia al Estado, y luego extraigamos conclusiones de sus resultados. pero parece que tampoco quieren preguntar, siquiera en España toda. Se nos podía haber ocurrido, digo, a los europeos, antes de bombardear Belgrado, preguntar en Belgrado por Croacia, Eslovenia, Kosovo, etc. Y hablando de los Balcanes, al final, el único camino que queda a las naciones que deséen romper amarras es, como siempre, la guerra. Que, por cierto, vendría muy bien económicamente, desde que no tenemos ese mecanismo de ajuste económico (o los otros Jinetes del Apocalipsis, como la maravillosa peste negra). Viendo los resultados de la reforma laboral del Gobierno, queda claro que la única forma de acabar con el paro, en Catalunya y en España, es que muera en una guerra por la independencia una cuarta parte de la población.
Mi comentario no pretendía zanjar la candente cuestión catalana, Paco, aunque tanto tú como mi hijo Miguel (con el que coincides mucho, por cierto) habéis concluido que no les dejo más opción a los independentistas que fastidiarse o tomar las armas.
Mi propósito era más modesto. Sólo quería llamar la atención sobre el hecho de que la democracia consiste en un procedimiento; que dependiendo de cuál sea ese procedimiento se obtiene una voluntad popular u otra, y que las proclamas de ERC e ICV arrogándose el monopolio de la soberanía ciudadana son poco consistentes.
Romper el procedimiento es, por tanto, romper la democracia, pero, añadía, «eso no significa que las reglas de juego no se puedan cambiar».
¿En qué estaba pensando? Sin salir de Europa, además de la tragedia de Yugoslavia, tenemos el ejemplo perfectamente pacífico de Checoslovaquia. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de consenso. Entre los checos y los eslovacos la voluntad de secesión era abrumadora. De hecho, lo sorprendente no es que tardaran tan poco en separarse, sino que hubieran vivido tanto juntos.
En Cataluña el consenso no parece tan amplio y, tal y como planteó una famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá a propósito de Québec, cualquier separación debería aprobarse «por una clara mayoría y respetando los derechos» del resto de los ciudadanos del país.
A efectos prácticos, esto significa que los partidarios de la independencia deberían invertir sus energías en reunir esa clara mayoría, en vez de lanzar órdagos prematuros, para los que aún no llevan cartas.
Pero es una opinión, y tiene además el inconveniente de que no soluciona mágicamente el problema. Lo siento.
Es evidente. Si mañana una comunidad autónoma votara a favor de implantar la pena de muerte incluso en referendum y por amplia mayoría no dejaría de ser contrario a la ley (y no a la moral). Esto ya pasó con el Estatuto catalán y sigue habiendo políticos y periodistas que no lo han entendido y sospecho que nunca lo entenderán. En democracia respetar las formas y procesos es esencial. Para pasárselos por el arco del triunfo ya están las dictaduras o las dictablandas. Empieza a ser chungo cuando individuos o grupos (aún mayoritarios) hacen de su capa un sayo. El autor afina muy bien en sus argumentos.
Tómate lo que quieras, Emilio 😉
Lo que convierte a la democracia en el sistema de soberanía más cutre es precisamente que el foco que se ha ido ampliando (que no perfeccionando) sea el de los «electores», se habla de sufragio universal, libre, directo y secreto, nos centramos en el teatro de la papeleta. Se ha dejado el de los «elegibles» al albur de la casta -así nos va-, y los «ámbitos», al igual que los «elegibles» o el «método» no se deciden ni democráticamente ni en base a un sistema intelectual platónico, sino que las propias castas los pergeñan a su antojo, larga queja, por ejemplo, de quienes, con más votos, tienen menos escaños, precisamente para encajar la territorialidad en un sistema que la trasciende, para arreglar el problema que creas ampliando el ámbito de la nación. Tu debate, que coincido con Quirós en que es magnífico, se vuelve a centrar, de nuevo, en el quién-vota, en la ampliación del perímetro de electores, que desde aquél sistema de Pericles que funcionó más o menos bien, y desde luego mejor que el actual, no ha parado de degradarse en la creencia de que podía extrapolar la polis a la política. Siendo, como me consta que eres, un convencido liberal, me extraña que pretendas que es mejor alejar la representación del representado. Si lo mejor, decís, es el individuo, ¿no será mejor un grupo menor y más junto de individuos, un pueblo, a la hora de representarse autónomamente, que un grupo de grupos de grupos? ¿No está más lejos España que Catalunya de la voluntad individual del catalán? E, incluso, ¿no está más lejos Cataluña de Barcelona de la voluntad individual de un barcelonés? Y a més a més, ¿no está más lejos Barcelona que Gràcia de la voluntad individual de un vecino del barrio de Gràcia? Cualquier reducción del universo irá en la dirección