Inspectores incorruptibles para acabar con la corrupción. ¿Cómo no se nos había ocurrido?

Alfredo Pérez Rubalcaba quiere montar una oficina antifraude con “inspectores incorruptibles” que se presentarán por sorpresa en los ministerios, igual que la Agencia Mundial Antidopaje, que te saca de la cama para pedirte una muestra de orina a las cinco de la madrugada. El secretario general del PSOE también ha planteado que la Audiencia Nacional asuma la competencia en casos de corrupción, que se prohíban las donaciones de las empresas a los partidos y que se excluya de cualquier contrato público a las firmas cuyos ejecutivos hayan sido condenados por fraude.

Esto último parece injusto (¿qué culpa tiene el resto de los empleados de que su director general sea un chorizo?), pero contribuirá a que las empresas sean menos indulgentes con las malas prácticas.

Lo de la Audiencia Nacional tampoco está mal visto: el cese definitivo de la actividad armada de ETA ha aliviado su carga de trabajo y la unificación de sumarios agilizará las investigaciones.

Más discutible me parece lo de la oficina antifraude. Para empezar, no existe nada parecido a unos “inspectores incorruptibles”. Si Rubalcaba basa su ofensiva en una falange de arcángeles inmunes a la tentación, va listo. Como es todo menos ingenuo, habrá caído en ello y pensará someterlos a algún tipo de “control democrático”, pero eso es casi peor. Cada vez que estalla un escándalo, el Gobierno de turno se inventa una fiscalía o un órgano externo, pero la experiencia demuestra que los políticos encuentran siempre el modo de sortearlos. José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2006 la Agencia para la Evaluación de Políticas Públicas y en 2008 examinó 13 programas, pero desde entonces no ha hecho más que languidecer: nueve evaluaciones en 2009, seis en 2010, tres en 2012… Antes, colgaba su plan de trabajo en internet. Ahora ni eso.

Finalmente, Rubalcaba propone prohibir las donaciones de las empresas. Ahora mismo la aportación de los particulares a los partidos ya es muy limitada y la medida de Rubalcaba prácticamente la eliminaría. ¿Es eso deseable?

En esto de la financiación de los partidos hay dos grandes escuelas. La libertaria y la igualitaria. La primera defiende que los partidos son organizaciones civiles y deben vivir de las cuotas de sus afiliados, pero es un modelo vulnerable al secuestro por parte de los poderes económicos (piensen en los oligarcas rusos). Pueden arbitrarse, desde luego, filtros para reducir este peligro, como hace Estados Unidos, pero en un sistema de partidos como el español, donde las cúpulas hacen y deshacen a su antojo sin tomar en consideración la opinión de nadie, no cabe esperar una aportación masiva de fondos por parte de miles de militantes. Se produciría más bien una fuerte dependencia de un número reducido de donantes, lo que dispararía el riesgo de secuestro.

¿Es mejor un esquema de subvenciones públicas? Eso cree la escuela igualitaria, de la que Rubalcaba es fiel representante. Su tesis es que una democracia no se puede dejar en manos del mercado, porque los ricos se adueñan del sistema de representación. Por desgracia, esta solución tampoco carece de pegas. Sin la disciplina del mercado, los políticos quedan con las manos libres para desarrollar su agenda corporativa y tienden a cerrar pactos de no agresión sobre cuestiones sensibles, como sueldos, dietas, pensiones y otros privilegios (ya se sabe que entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera). Este proceso de cartelización acaba generando una casta que exacerba el desapego de la ciudadanía a la vida pública. Les suena, ¿verdad?

La inexistencia de un procedimiento de financiación ideal llevó hace tiempo al Consejo Europeo a postular un modelo mixto, cuya columna vertebral es una aportación pública suficiente, pero que permite las donaciones particulares, siempre que no sean anónimas. O sea, más o menos lo que tenemos en España. ¿Por qué aquí no funciona?

La respuesta no es ningún misterio. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo Europeo le dedicó un informe en 2009. Entre otras medidas, propuso a los partidos españoles que habilitaran mecanismos de control interno y mejoraran la transparencia de los recursos procedentes de las delegaciones territoriales, “donde los riesgos de corrupción son particularmente elevados, dado el fuerte volumen de las operaciones acometidas a nivel local”, como “la concesión de licencias y la planificación urbana”.

Estas recomendaciones del Greco se empujaron convenientemente debajo de la alfombra, con el resultado de todos conocidos. El caso Bárcenas es fruto de la falta de mecanismos de control interno del PP y la trama Gürtel ilustra dónde acaban los recursos procedentes de esas “operaciones económicas acometidas a nivel local”.