Ganara quien ganara las elecciones, el ajuste del Sistema Nacional de Salud era inevitable.

El domingo, yendo o viniendo de misa, no me ha quedado muy claro, mi padre se encontró con un viejo conocido que iba o venía de participar en una marcha contra la reforma de la sanidad. Mi padre no ha sido nunca mucho de manifestarse y creía que su amigo tampoco lo era, así que le preguntó con sincera curiosidad qué hacía montado en la marea blanca. “Es un médico respetabilísimo, Miguel, no te creas tú”, me aclaró mi padre, “y fíjate lo que me ha dicho: que están privatizando los hospitales y, claro, como son empresas y tienen que ganar dinero, están recortando a lo bestia. No hay derecho”.

Me pareció una simplificación extrema, pero esa misma noche, en la entrega de los Goya, la actriz Candela Peña informó a la audiencia de que había visto morir a su padre “en un hospital público donde no había mantas para taparlo”. ¿Qué está haciendo el PP para concitar una oposición tan amplia, en la que lo mismo te encuentras a un señor de derechas de toda la vida como mi padre, que a un médico respetabilísimo o a Candela Peña?

Vayamos con los recortes “a lo bestia”. Son un hecho irrefutable, pero, si se fijan, se están llevando a cabo en todas las autonomías, no sólo en las gobernadas por el PP, y no sólo en las que hay anunciadas privatizaciones. El despido de profesionales, la supresión de servicios, incluso la eventual falta de mantas (desmentida, por cierto) no son consecuencia de la política de Ana Mato, sino de la lamentable situación financiera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los expertos llevaban años alertando de que era insostenible, pero ningún Gobierno había querido afrontar el coste de la reforma y se fueron poniendo parches. “El SNS se habituó a cerrar los ejercicios con desfases de 2.000 o 3.000 millones de euros”, declaraba hace unos meses en Actualidad Económica la secretaria general de Sanidad Pilar Farjas. “No importaba: se pasaban al año siguiente. Todos los proveedores sabían que iban a cobrar, con retraso, pero iban a cobrar. Hasta que la factura de 2008 ya no se pudo pagar ni al año siguiente ni al otro, la bola empezó a crecer y, a finales de 2011, había llegado a 16.000 millones”.

La izquierda y los sindicatos atribuyen estas dificultades a “la infrafinanciación crónica”, pero España invierte en sanidad el 9,6% del PIB, que es más o menos la media de la OCDE. “Gastamos lo que nos corresponde”, dice el presidente de la Asociación de Economía de la Salud, Juan Oliva. “Lo que tenemos es una anemia de ingresos”.

Para paliarla, no había más remedio que subir la aportación de los pacientes y/o recortar. El copago farmacéutico pretende allegar fondos a las arcas del SNS. La creación de distintas “carteras de prestaciones” (lo que, en román paladino, significa que algunas dejarán de ser gratuitas), el cierre de unidades y la privatización buscan ahorrar gastos.

Son todas medidas que cuentan con un sólido respaldo técnico. Aumentar la contribución de los usuarios al coste de los medicamentos era inevitable porque, como explica la consultora Antares, “había venido disminuyendo considerablemente en los últimos años: en 1990 era del 11% del precio […]; en 2000 del 7,1%, y en 2010 de entre el 5,4% y el 5,8%”.

La división de la cartera de prestaciones era otra recomendación sobre la que existía práctica unanimidad entre los especialistas. “[Es preciso] gestionar el catálogo […] distinguiendo entre coberturas complementarias y básicas”, sostiene un informe de Fedea-McKinsey, en donde se cita el caso de Suecia, que desde 2003 somete cualquier nuevo tratamiento a un análisis de coste-beneficio. Aquí cada autonomía ha ido metiendo los tratamientos y fármacos que estimaba oportunos, sin una revisión suficiente de la eficacia terapéutica.

En cuanto a la supresión de unidades, ¿es sensato tener toda la noche abierta una unidad de urgencias para que atienda a una o dos personas? “El mejor médico es el que ve a más pacientes, y esto es aún más cierto en las especialidades complejas”, decía Farjas en el reportaje citado. “No puede haber un centro de referencia en cirugía pediátrica cuyos miembros operen a menos de 25 niños al año, porque están perdiendo facultades. Cerrar servicios sin apenas enfermos no es una medida de racionalidad económica, sino de calidad asistencial. El deterioro se produce por tenerlas abiertas”.

Queda por último la privatización, y aquí debo admitir que los expertos con los que he hablado se muestran en general reticentes, porque, dicen, la literatura científica no avala en absoluto que la gestión pública sea menos eficiente. ¿Por qué entonces este empeño del PP (de Madrid) con la privatización?

Eso vamos a dejarlo para una segunda parte.