El modelo Alzira es mejor que su reputación. ¿Cuánto mejor? No hay modo de saberlo.

En principio, la privatización de un hospital pretende sortear las trabas que el derecho administrativo impone a su gestión. No es lo mismo dirigir una plantilla de funcionarios cuyas retribuciones y carreras están tasadas por ley, que estar al frente de un equipo de personas cuyas condiciones laborales dependen de su rendimiento.

En España, los primeros intentos para flexibilizar la administración hospitalaria se remontan a los años 90. En aquella época se crearon fundaciones y empresas públicas que en teoría gozaban de plena autonomía, pero que en la práctica acabaron sujetas a las restricciones habituales, porque los sindicatos eran igual de poderosos y acababan restaurando el statu quo original.

No es de extrañar, por tanto, que los trabajos académicos no hayan apreciado grandes diferencias entre los hospitales de gestión pública directa y los de gestión privada, como señalaba en mi post anterior. ¿Podría cambiar esta situación el modelo Alzira de (perdón por el palabro) concesión capitativa? ¿En qué consiste su novedad? ¿Y cuáles son sus resultados?

Antes de responder, permítanme dos precisiones. Primero, el modelo Alzira carece prácticamente de paralelo internacional (hay alguna experiencia similar en África y el Caribe), así que cuando lean que tal estudio realizado fuera de España rechaza la superioridad de la gestión privada, sepan que se refieren a establecimientos operados por empresas públicas o fundaciones, no a concesiones capitativas.

Segundo, tampoco se fíen del todo de las comparaciones realizadas dentro de España, porque aquí hay poca (más bien ninguna) transparencia. En Estados Unidos te puedes descargar datos de atención hospitalaria de cualquier centro de Medicare y comprobar sus fortalezas o debilidades. Y en Reino Unido el National Health System (NHS) tiene una herramienta en la que el usuario mete el acto quirúrgico (artroscopia, angiografía) y la región en la que vive, y obtiene una relación de los establecimientos próximos con una valoración para esa intervención concreta (mejor que la media, en la media, peor). En España todo esto suena a ciencia ficción.

Dicho esto, vamos con Alzira.

La construcción de un hospital en la comarca valenciana de La Ribera Baja era una vieja aspiración que Eduardo Zaplana asumió cuando en 1995 ganó las elecciones. Si hubiera tenido fondos, probablemente se habría limitado a levantar un centro público, pero se encontró con la caja vacía y decidió ensayar una fórmula inédita: una concesión en la que se transfirieran no sólo la realización de la obra y la gestión de los servicios auxiliares (lavandería, catering, seguridad), sino también los de bata blanca (enfermería y medicina).

El esquema era sencillo: el concesionario asumía la prestación sanitaria de un área de salud (Alzira, 250.000 habitantes) a cambio de una cantidad fija por persona y año. Esta cuota o cápita se estableció un 30% por debajo del coste medio por paciente de los hospitales públicos, lo que suponía un ahorro significativo para la Generalidad.

En 1997 se alzó con el concurso la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ribera Salud (una sociedad controlada por las cajas de la región), las constructoras Dragados y Lubasa, y la aseguradora Adeslas. Habrán leído ustedes que aquello acabó fatal y es verdad que la inexperiencia hizo que el proyecto arrancara con importantes deficiencias. Para empezar, el periodo de concesión era corto y obligaba a amortizar una inversión muy fuerte en apenas 10 años. Además, se fijó como criterio de revisión de la cápita el IPC, que crecía a ritmos del 3%, cuando el gasto hospitalario de la Consejería lo hacía al 6%. Esto significaba que la eficiencia demandada (la diferencia entre la cápita y el coste medio por paciente) aumentaba cada año y, antes de que la concesión expirara, la UTE podía encontrarse con que debía garantizar ahorros del 60%.

Estos fallos hacían inviable el proyecto y lo lógico habría sido revisar las condiciones, pero el derecho español no lo permite. La única salida era rescatar la concesión y volverla a sacar a concurso con un pliego más realista. El problema es que había que indemnizar a Ribera Salud con 70 millones de euros.

Los detractores del modelo Alzira han utilizado este rescate para atribuirle un elevado coste a la Administración. Lo que suelen omitir es que en la nueva concesión se introdujo un canon por un importe levemente superior a los 70 millones. Es decir, el rescate no le costó ni un euro al contribuyente. Y desde entonces, el hospital de La Ribera ha funcionado sin problemas y con ahorros para la Consejería que no han bajado ningún año del 25%, como recoge el informe The search for low-cost integrated healthcare, que elaboró en 2011 una delegación del NHS.

¿Cuáles son las claves de esta eficiencia? Tienen mucho que ver con esa mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos de la que hablábamos antes. Los médicos cobran un fijo (80%) y un variable (20%) vinculado a objetivos. También adecúan su actuación a un protocolo “elaborado de acuerdo con la mejor evidencia científica”, según fuentes del sector, y deben justificar cualquier desviación.

Las ganancias de productividad derivadas de esta mejor gestión permiten que los médicos de la Ribera perciban sueldos que, según el informe del NHS, “tienden a estar por encima de la media española”. O sea, no hay precariedad laboral. Y tampoco es cierto que se escatime en el trato a los pacientes para ganar dinero: las encuestas de satisfacción asignan al hospital una nota de 9,1 sobre 10, frente al 7,2 del resto de la región. En cuanto a los resultados clínicos, la delegación británica los consideró “impresionantes”.

Entiéndanme. No digo que Alzira sea la panacea universal, pero es sin duda mejor que su reputación. ¿Cuánto mejor? Es difícil saberlo. El propio NHS admite que haría falta “una investigación más rigurosa”. Los defensores del modelo usan fuentes que quizás no sean completamente independientes, pero sus detractores ni siquiera cuentan toda la historia, como hemos visto.

Lo ideal sería que los hospitales españoles desvelaran la información sanitaria relevante y sus costes, y que se pudieran realizar comparaciones. Por desgracia eso es algo que tardará en llegar, si es que llega.

Entre tanto, habrá que resignarse a escuchar todo tipo de barbaridades sobre la reforma de la sanidad.