El desahucio es la contrapartida inevitable de una hipoteca. Si no se pudiera ejecutar la garantía, no habría préstamo.

La Junta de Andalucía ha elaborado un “plan de choque para evitar la sangría social” de las ejecuciones hipotecarias. El decreto prevé expropiar temporalmente las viviendas de los bancos e inmobiliarias cuyos inquilinos estén en riesgo de exclusión social. Alega, un poco melodramáticamente, que incluso “el propio derecho a la vida” se ha truncado (en referencia a los suicidios consumados por personas desahuciadas), lo que “compele a la más urgente reacción de los poderes públicos”.

Algunos detractores han cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa, pero es dudoso que puedan detenerla en los tribunales. Tanto la jurisprudencia del Supremo como la del Constitucional han avalado reiteradamente las limitaciones al derecho de propiedad por “la función social a la que se halla sujeto”.

La expropiación de viviendas desocupadas no es, además, ajena al ordenamiento de países con larga tradición democrática (Reino Unido, Francia, Irlanda), aunque es verdad que en ellos se contempla generalmente como una medida de último recurso. En un documento titulado A cure for empty homes (Un remedio para los pisos vacíos), la Agencia británica para la Mejora y el Desarrollo del Gobierno Local recomienda a los alcaldes negociar con los propietarios, presionarles para que saquen a la venta las casas y, solo “después de agotar los demás procedimientos razonables”, expropiarles.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, sostiene que ha intentado negociar con la banca, pero que no ha obtenido “respuesta ni colaboración”. Por su lado, el decreto aduce que estamos ante “una situación de emergencia”, aunque apenas la documenta. La exposición de motivos se limita a señalar que “Andalucía es una de las comunidades autónomas en la que mayor número de desahucios se han producido”, sin precisar cuántas personas hay afectadas por el riesgo de exclusión social que pretende corregir.

La aproximación más precisa que tenemos en este terreno es la del Colegio de Registradores de la Propiedad, que ha consultado al 75% de sus oficinas y calcula que en 2012 los bancos se quedaron con 30.034 primeras residencias por impago de hipoteca. El dato es imponente (aunque sensiblemente inferior al que maneja la Plataforma de Afectados por las Hipotecas: 46.599 solo en el primer semestre del año pasado), pero lo socialmente relevante no es la cifra de desahucios, sino lo que pasa con las familias desahuciadas. ¿Cuántas han pasado a depender de la caridad? ¿Cuántas se han ido a vivir con sus padres? ¿Cuántas han abandonado el país? ¿Cuántas han sido realojadas por las autoridades? ¿Cuántas han pactado un alquiler social con los bancos? Parece prematuro ponerse a expropiar sin tener claras las dimensiones del problema.

Y no va a ser sencillo averiguarlas. Quienes disponen de información de primera mano, las entidades, no tienen mucho interés en divulgarla. En conversaciones off the record, todos los directivos con los que he hablado me han asegurado que ellos nunca han “mandado a nadie a los cartones” y que siempre llegan a un acuerdo con sus morosos. Puede que mientan, claro, pero si de verdad estuvieran dejando sin techo a unas 90.000 familias al año como afirma la PAH, ¿no se notaría más en la calle?

La propia lógica económica indica que no es un buen negocio para una entidad quedarse con un apartamento que no va a vender en muchos años y cuyo mantenimiento e impuestos debe sufragar. Parece sensato que procure conservar a un inquilino que se lo cuide y que siempre le podrá pagar algo.

Y si los banqueros son tan buenos, ¿por qué no lo airean más? Porque tampoco es un buen negocio para una entidad alardear de las deudas que perdona. Un antiguo presidente del Banco Hipotecario de España (integrado primero en Argentaria y absorbido posteriormente por BBVA) comentaba que cada vez que le condonaban la hipoteca al vecino de un inmueble, la noticia se corría como la pólvora y, al cabo de un tiempo, todo el edificio había dejado de pagar.

Este riesgo moral implícito en el bíblico perdón de los deudores es uno de los problemas que plantea el decreto de la Junta. Si los andaluces concluyeran que da lo mismo pagar que no pagar, muchos dejarían de hacerlo, aunque pudieran. En honor de la norma hay que decir, no obstante, que intenta neutralizar este efecto indeseable fijando condiciones relativamente exigentes a quienes pretendan acogerse a su amparo.

Todo esto no dejan de ser especulaciones, naturalmente. Pero, a falta de datos, no podemos hacer mucho más que plantear escenarios y evaluar sus consecuencias.

El primer escenario es que se trate de un problema manejable y los socialistas se equivoquen. En ese caso, los socialistas tendrían paradójicamente razón cuando dicen que no creen que “ningún banco se vaya a ir a la ruina” por renegociar hipotecas. Habrá unas pocas expropiaciones y punto.

El segundo escenario es que nos encontremos efectivamente ante “una sangría social” y los bancos se equivoquen. En ese caso, los bancos tendrían paradójicamente razón cuando alertan de que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Una expropiación masiva obligaría a las entidades a depreciar sus carteras de activos, lo que retrasaría su saneamiento y la vuelta del crédito. Al final, para vestir al santo de los desahucios, estaríamos desvistiendo al santo de la inversión y el empleo.

La izquierda se ha enganchado al rebufo de las plataformas que reclaman “la inmediata paralización de todos los desahucios”, pero no puede ignorar que estos son la contrapartida inevitable de una hipoteca. Si no se pudiera ejecutar la garantía, no habría préstamo. No debemos ser insensibles a las implicaciones sociales de los lanzamientos, pero tampoco podemos cuestionar un sistema que funciona razonablemente bien y que ha permitido acceder a la vivienda a millones de personas.