Antonio Vega tiene registradas unas 140 obras en la Sociedad General de Autores. No son demasiadas para una carrera de tres décadas: cinco temas por año, más o menos, pero algunos se han convertido en auténticos clásicos del pop, así que ganó bastante dinero.

Antonio y yo estudiamos juntos en el Liceo Francés. No era en absoluto un chico triste y solitario. Lo recuerdo lleno de humor y vitalidad. Un día me enseñó, divertido, la aparatosa raja que tenía su guitarra. “Había venido una visita a casa”, me explicó, “y mi padre me dijo: ‘Antoñito, ¿por qué no les cantas algo a estos señores?’ Yo no quería al principio, pero luego me fui animando, me fui animando y, a la media hora, mi padre ya no podía más y me dijo: ‘Antoñito, ¿vienes un momento?’ Salimos del salón, cerró la puerta, me quitó la guitarra y me la estampó contra la cabeza”.

Volvimos a coincidir poco después de dejar el Liceo, en 1980, cuando le dieron un premio en Radio Juventud. Yo daba allí mis primeros pasos profesionales. Como Antonio, también acabaría dedicándome a la creación, aunque no de canciones, sino de artículos. Y hace tiempo que dejé atrás la barrera de las 140 obras. Y de las 1.000.

No digo que sean arte, pero estoy convencido de que el esfuerzo que me supone escribirlas es comparable al de Antonio. Lamentablemente, no me pagan ni por asomo lo que a él.

La diferencia de remuneración refleja sin duda el abismo de talento que nos separa, pero influye también el modo particular en que se comercializa la música en nuestra sociedad. ¿Qué habría sucedido si La chica de ayer no hubiera estado blindada por un poderoso copyright? Una vez lanzada, cualquiera habría podido grabarla, para su disfrute personal o para explotarla mercantilmente. Esta competencia habría obligado a Hispavox a reducir sensiblemente el precio del vinilo y, por consiguiente, el caché de Antonio y del resto de los integrantes de Nacha Pop.

Del mismo modo, si los artículos disfrutaran de la protección legal de las canciones, podrían recopilarse en lujosas ediciones de 24 euros, con fotografías del autor sentado delante de su escritorio o paseando pensativamente por la playa. Habría menos artículos y menos periodistas, pero los pocos que lograran superar el corte percibirían sumas considerables.

Sin embargo, los artículos se distribuyen masivamente, impresos en el papel más barato que soporta tinta y por un precio tan insignificante que no compensa copiarlos. ¿Por qué cuidamos tanto a los músicos?

“Es incuestionable que conceder un monopolio a quienes innovan aumenta los incentivos para crear”, dice Michele Boldrin, catedrático de la Universidad Washington en San Luis. “Por eso hay patentes y copyrights. Queremos maximizar la producción de determinados bienes”. Y matiza en seguida: “El problema es que no funciona”.

En su libro Against Intellectual Monopoly, Boldrin y David Levine (Instituto Universitario Europeo) explican que, durante décadas, el consenso académico sostuvo que “algún tipo de protección era necesaria para garantizar a los inventores y creadores el fruto de sus esfuerzos”. Se sabía que tenía efectos indeseables, pero se consideraban un mal necesario y pocos se habían tomado la molestia de evaluarlos.

Boldrin y Levine decidieron hacerlo hacia 1990 y “comprobamos que ninguno de nuestros modelos confirmaba las supuestas ventajas de la propiedad intelectual”, recuerda Boldrin. “David [Levine] me decía: ‘¿Cómo pueden estar todos equivocados menos nosotros?’ Pero la matemática era muy clara…”

La idea de explotar en solitario un descubrimiento atraía efectivamente a muchos inventores potenciales, pero los abogados de los inventores consagrados no tardaban en disuadirlos. “En muchos manuales”, cuentan Boldrin y Levine, “James Watt aparece como un héroe […] de la Revolución Industrial”. Pero en cuanto obtuvo la patente de su máquina de vapor, se consagró a litigar contra todo el que pretendía mejorarla y, en las tres décadas que duraron sus derechos, la potencia de los motores avanzó a razón de apenas 750 caballos por año. Una vez expirada, se aceleró hasta los 4.000.

La evidencia histórica es igualmente elocuente. “El copyright para obras musicales no existió hasta finales del XVIII”, dice Boldrin. “Inglaterra lo introduce en 1777, pero en el resto de Europa hubo que esperar varias décadas. ¿Y de dónde salen los compositores que dominan el siglo XIX? De Austria, de Alemania, de Italia…”

En literatura, el copyright producía una carestía artificial de la que ni siquiera se beneficiaba siempre el autor. “Las sumas que los escritores británicos cobraban [en el siglo XIX en Estados Unidos] excedían a menudo los derechos de autor que percibían en el Reino Unido”, escriben Boldrin y Levine. Los dos mercados tenían entonces un tamaño similar, pero la ausencia de monopolio obligaba a los editores americanos a “realizar tiradas masivas de libros baratos”, que les reportasen fuertes ingresos en el plazo más breve posible.

Boldrin y Levine son partidarios de “abolir por completo las patentes” y, aunque no todos comparten su planteamiento, empieza a cundir cierto malestar ante los efectos indeseables de la propiedad intelectual. El primer ministro británico David Cameron sospechaba que están “obstruyendo la innovación y el crecimiento” y, en noviembre de 2012, encomendó al profesor de la Universidad de Cardiff Ian Hargreaves que se lo averiguara. “La respuesta corta es que sí”, se lee en el preámbulo del informe Digital Opportunity, que Hargreaves presentó en junio en Madrid, durante una jornada sobre propiedad intelectual organizada por el Centro de Estudios Garrigues.

“En general”, escribe, “hay una certeza razonable de que las patentes estimulan y recompensan la actividad inventora. Pero”, puntualiza, “mucha innovación […] tiene lugar al margen del sistema formal de propiedad intelectual”. Y la evidencia de su eficacia es débil en sectores como las telecomunicaciones o los ordenadores, y casi inexistente en arte y literatura.

Peor aún. En áreas intensivas en información, como la ciencia, la densa maleza de patentes se ha convertido en una barrera inexpugnable. Hargreaves cita el tesoro de conocimiento sobre la malaria que hay sepultado en miles de artículos de los años 50, pero que los investigadores no pueden explotar, porque tendrían que copiarlos y para ello necesitan el permiso de unos titulares de derechos que ni siquiera saben que lo son.

Con la educación pasa algo parecido. “Los gestores [de muchas universidades] invierten sumas sustanciales para que sus alumnos accedan a trabajos que a menudo se han financiado con fondos públicos”, escribe.

“Necesitamos leyes más flexibles”, dice Carolina Pina, socia de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues. Y no solo para facilitar la investigación o la enseñanza, sino la vida diaria. “La gente que sube material a las redes sociales no entiende que esté haciendo nada malo”. Y en principio, mientras no medie ánimo de lucro, Disney no tendría por qué meterse con un padre que incluye un plano de Supermán en una película casera, o con los niños que pintan un ratoncito Mickey en el mural de su guardería.

Pero el caso es que lo ha hecho. Lo cuenta el abogado Lawrence Lessig en Remix (Penguin, 2008). Y también que Universal reclamó 150.000 dólares a una madre que colgó en YouTube un vídeo de su hija de 13 meses bailando el Let’s Go Crazy de Prince. “El celo extremo con que se aplica el copyright está dificultando […] un amplio espectro de actividades que cualquier sociedad libre […] permitiría”, reflexiona Lessig.

“Cuando los primeros derechos de autor surgen en el siglo XVII en Inglaterra y Venecia, suponen un avance”, cuenta Boldrin. “Lo que había antes era peor. Los reyes otorgaban los monopolios arbitrariamente, y las patentes permitieron al menos que se beneficiaran de los inventos quienes los desarrollaban”.

Pero el asunto se nos ha ido de las manos. Hoy se registra cualquier cosa: el pan tostado, el sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, columpiarse de lado, la compra online con un solo clic, la máscara de Hannibal Lecter, sombrillas para la cerveza, gafas para protegerse de la publicidad subliminal y hasta los agujeros que permiten saltar a otra dimensión.

En los últimos 30 años, la producción anual de patentes se ha triplicado en Estados Unidos: de las 59.715 inscritas en 1983 se pasó a 244.341 en 2010. Si los defensores de la propiedad intelectual estuvieran en lo cierto, semejante explosión debería haber dado lugar a un espectacular aumento de la productividad, pero nadie lo ha detectado. “Lo que está sucediendo es todo lo contrario”, dice Boldrin, y pregunta: “¿Se imagina que hubiera podido patentarse internet? ¿O que el creador de Netscape hubiera registrado el concepto de navegador? Google sería una sombra de lo que es…”

Lo que sí se han disparado son los litigios, que suelen involucrar a gigantes moribundos como Microsoft que, según Boldrin y Levine, “han reunido un almacén de patentes, pero son incapaces de diseñar productos vendibles y se dedican a acosar a las compañías jóvenes y dinámicas”.

Para defenderse de estos “trolls de las patentes”, muchas firmas han empezado a dotarse de su propio arsenal. Es lo que Hargreaves denomina las “patentes estratégicas”. Google, por ejemplo. ¿Por qué se ha quedado con Motorola? Por su cartera de patentes, aseguran Boldrin y Levine, que utilizará “para contrademandar a Apple o Microsoft y neutralizar sus ofensivas legales”. Y añaden: “La inmensa mayoría de las patentes […] no entrañan la menor innovación. Son parte de una gigantesca carrera de armamentos”.

Hargreaves no es tan radical como Boldrin y Levine y no plantea la abolición de la propiedad intelectual, pero sí una sustancial restricción de su ámbito de aplicación: hay que limitar la concesión de nuevas patentes a aquellas actividades donde su utilidad esté contrastada; hay que introducir excepciones que permitan la copia de material protegido por motivos científicos o educativos, y hay que cambiar de estrategia contra la piratería, porque no está funcionando.

“La represión actual es un disparate”, coincide Boldrin. “Es como la ley seca: produce delincuentes”.

Como buen abogado, Lessig considera que no se debe violar la propiedad intelectual de nadie, pero también cree que “la moralidad de la causa no garantiza la moralidad de los resultados” y que la cruzada contra la piratería está causando demasiadas víctimas colaterales. “Los artistas y los autores necesitan incentivos para crear”, escribe, pero podemos diseñar un sistema que haga exactamente eso sin criminalizar a nuestros hijos.

¿Cómo? Diseñando nuevos modelos de negocio. “Mientras la represión y la educación han encontrado enormes dificultades para hacer mella en las violaciones de copyright”, escribe Hargreaves, “hay cierta evidencia de éxito allí donde las empresas más creativas han respondido […] haciendo accesibles sus artículos a precios inferiores y como quieren los consumidores”.

“Necesitamos una estrategia bimodal”, explica Carlos Biern, consejero delegado de BRB Internacional, la productora de series como David el Gnomo o D’Artacán. “Por un lado, hay que ser implacables con el falsificador a gran escala, con el tipo que se forra con las copias ilegales. Pero a la audiencia pura y dura hay que darle facilidades. Mucha gente está dispuesta a pagar, y ahí están Spotify o Apple”.

“El cine no va a desaparecer”, dice Boldrin. “Fíjese en el porno: es un ejemplo perfecta de un mercado de películas competitivo y viable. Tenemos una variedad y una cantidad enorme de producciones, y no me da la impresión de que tengan problemas para encontrar a gente dispuesta a trabajar en ellas. La única diferencia es que no se gana lo mismo que en Hollywood”.

“Pero eso no es arte”, le digo.

“Es posible”, repone, “pero no es el arte lo que determina el salario. El teatro es tan artístico como Hollywood y sus estrellas cobran menos porque no hay el truquito del copyright”.

Nos cuesta concebir un mundo sin patentes, pero todo indica que no son tan esenciales como creíamos. “Yo las reservaría para el desarrollo de ciertas medicinas”, dice Boldrin. Madonna y Brad Pitt no ganarían lo mismo, pero “las buenas instituciones económicas son las que favorecen al ciudadano medio, no las que hacen superricos a unos pocos afortunados”.

Incluso es discutible que estos pocos sean de verdad afortunados. Vi a Antonio Vega por última vez a mediados de los 80, paseando por Malasaña. Le propuse tomar una cerveza, pero tenía prisa. “No puedo, no puedo”, murmujeó con la mirada huidiza. Siempre he creído que iba a pillar caballo, y no lo juzgo por ello. La droga es una salida natural cuando tienes la desgracia de cumplir todos tus sueños con apenas 25 años.