Lo mejor de Podemos es su llamada de atención; lo peor, sus remedios.
En la entrevista que Actualidad Económica publica en el número que sale hoy, 24 de septiembre, a la calle, Pablo Iglesias se queja de que cada vez que en Podemos hacen una propuesta, se invoca “el apocalipsis”. “Planteamos cosas muy razonables”, dice, “no somos maximalistas”.
Y es verdad que algunas de las medidas que incluye su programa se han aplicado en países tan poco sospechosos de bolchevismo como Francia o han sido promovidas por figuras tan señaladamente liberales como Milton Friedman. El problema no es, sin embargo, su filiación ideológica, sino su dudosa eficacia. Parafraseando a Ortega, no son nueva, sino vieja economía.

El salario universal. Repartir una renta básica entre “todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo” costaría, según los cálculos de Podemos, “unos 145.000 millones de euros”. Eso es el 14,5% del PIB, un tercio del gasto público actual (42%). Supone una cantidad enorme. La idea es financiarla combatiendo la evasión fiscal, pero como explica Daniel Lacalle en Actualidad Económica, “nunca en la historia [de España] se ha recuperado una cifra superior a los 4.000 millones atacando el supuesto fraude”. Incluso aunque se alcanzaran los 38.500 millones que el sindicato Gestha de técnicos de Hacienda sostiene que pueden aflorarse, aún faltarían 106.500 millones. Son más de 10 puntos de PIB. ¿Cómo reaccionarían los mercados cuando el déficit público se nos fuera de un golpe por encima del 15%?

Recuperar la economía, construir la democracia. Uno de los leit motiv de Podemos es sacudirse la dictadura de los mercados. “Si el FMI quiere dictar nuestras políticas económicas, que se presente a las elecciones”, dice Íñigo Errejón, su director de campaña para las europeas. Pero el FMI se limita a poner condiciones antes de dejar el dinero de otros contribuyentes, a quienes no les gustaría que fuera repartiendo sus ahorros por ahí para que los españoles (o los griegos o los portugueses) nos los gastáramos como nos diera la gana. Se puede optar, además, por no pedir ningún préstamo. El problema es cómo ajustas entonces un déficit presupuestario del 15%. Los recortes serían pavorosos…

Más transparencia. Vaya por delante que uno de los grandes problemas de este país es la falta de rendición de cuentas. Mejorar el control de la gestión presupuestaria me parece acertado. Ahora bien, exigir una auditoría ciudadana de la deuda para delimitar qué parte es ilegítima y decretar su impago es contraproducente e innecesario. Contraproducente porque la mera noticia de un posible default daría el pistoletazo de salida a una fuga de los bonos españoles que nos devolvería al ojo del huracán del que hemos salido con tanto esfuerzo. E innecesario porque las razones del aumento del gasto están claras: el 76% se debe al pago en pensiones y prestaciones por paro (51%) y a las retribuciones a los empleados públicos (25%). Lo dice un estudio de Manuel Lago para la Fundación 1 de Mayo de CCOO.

Incremento del salario mínimo (SMI). Pocos asuntos se han investigado tanto en economía como el salario mínimo. Y la evidencia empírica revela, efectivamente, que “modestos aumentos” tienen un impacto “pequeño o nulo” en el empleo.
Ahora bien, los aumentos deben ser “modestos”, y no tienen impacto en el empleo, pero sí en otros aspectos (si no tuvieran ningún impacto, fijaríamos el salario mínimo en 3.000 euros y acabaríamos con la pobreza). Por ejemplo, algunos patronos reducen las horas contratadas, otros suben los precios o sacrifican sus márgenes (y por tanto la inversión) o trasladan el sobrecoste a los precios.
El SMI español no figura entre los más altos de la OCDE (es el 17 de 24) y probablemente admita alguna mejora, pero no se trata de una medida inocua. Como dicen los ingleses, “there is no such thing as a free lunch”, lo que traducido libremente significa que nada es gratis.

Reparto del trabajo. Podemos quiere reducir la semana laboral a 35 horas y la edad de jubilación a 60 años “como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar”. La evidencia histórica no es muy halagüeña. Con respecto de la semana laboral, Alemania hizo un experimento parecido en 1985 y el empleo cayó. En Canadá tampoco mejoró cuando entre 1997 y 2000 se pasó de 44 a 40 horas. Y en Francia, las 35 horas tuvieron un efecto doble: en aquellos colectivos que no experimentaron una reducción salarial proporcional, aumentaron las “transiciones fuera del empleo”, es decir, los despidos; en aquellos colectivos donde el salario se redujo, lo que aumentó fue el pluriempleo. El resultado fue que el nivel de ocupación se mantuvo y la conciliación empeoró.
En cuanto al adelanto de la jubilación, en Bélgica lo hicieron porque tenían también un paro juvenil muy alto y acabaron con un paro juvenil igualmente alto y una tasa de actividad de mayores muy baja, es decir, más pobres. En general, los estudios concluyen que no hay trasvase entre los empleos de los mayores y los jóvenes porque no son sustituibles, sino complementarios: cuando se retrasa la jubilación, crece también el empleo juvenil, porque la demanda de los mayores genera actividad. Es más, retrasar la jubilación desincentiva la inversión en formación (para qué vas a reciclarte si te vas a retirar en seguida) y lleva a un crecimiento menor del PIB.

Recuperar el control político del BCE. Los objetivos prioritarios del banco central deben ser “la creación de empleo decente [con lo que podemos estar de acuerdo: la Fed ya lo hace], la prevención de ataques especulativos [lo cual ya hace bastante bien: acuérdense de la intervención de Mario Draghi en julio de 2012] y el apoyo a la financiación pública de los Estados”. Aquí discrepamos. La diferencia entre la peseta y el marco posterior a la Segunda Guerra Mundial es que el Banco de España se dedicó desde su origen a “la financiación pública del Estado”, mientras que la Constitución alemana la prohíbe expresamente. Y no parece que a los alemanes les haya ido mal…

Creación de una agencia pública europea de rating. Se trataría de sustituir “a las tres privadas que hoy determinan la política económica de la UE”, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, cuyo capital es americano. No sé si en Podemos lo saben, pero ya que hay agencias europeas. Dos economistas de la Universidad de Mainz han hecho un seguimiento de sus calificaciones y las que se ocupan de la deuda soberana no tratan particularmente bien las emisiones de la UE. La principal, la alemana Feri, pone peores notas a los miembros de la eurozona que las americanas e incluso se da más prisa en degradarlos cada vez que surge algún problema.

Que fluyan los préstamos. Para acabar con la sequía financiera, Podemos propone la “ampliación de las competencias de organismos públicos […] como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos”. Tampoco es una idea original. Zapatero ya lo intentó. Habilitó por decreto una línea de 500 millones de euros para que el Instituto Oficial de Crédito la repartiera entre las pymes sin la mediación de nadie. Cuatro años después, la morosidad era del 40%.

Privatizaciones. Iglesias quiere recuperar el “control público de los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico…” La última vez que este debate se planteó en serio en Europa fue en los 80. Nada más llegar al poder, en mayo de 1981, Mitterrand nacionalizó una serie de empresas [Thomson, Rhône Poulenc, Saint Gobain, Suez…] y de bancos [Paribas, Crédit Commercial, Rothschild…], con consecuencias desastrosas. El gasto y la deuda se desbocaron y tuvo que dar marcha atrás. Para cuando el PSOE ganó las elecciones, en octubre de 1982, en España ya estábamos vacunados. El propio Felipe González llegaría con los años a admitir que “la propiedad colectiva de los medios de producción no conduce […] por sí sola al socialismo” e incluso que tener una compañía en el balance del Estado era “como tener un elefante en el patio de casa”.
Los líderes de Podemos son jóvenes y seguramente no se acordarán de lo que costaba una línea de teléfono o viajar en avión cuando Telefónica e Iberia eran monopolios públicos.

Bail out. Juan Torres López ha exigido en el nombre de Podemos que se fije el “dinero efectivamente gastado en el rescate de la banca”. El FMI acaba de publicar los datos en su informe Fiscal Adjustment in an Uncertain World. A España, el apoyo a su sector financiero le ha costado el 4,4% del PIB. Después de Estados Unidos, es el país gravemente afectado por una burbuja inmobiliaria que menos ha gastado.

Democratizar la gestión de las finanzas. Más déjà vu. La ley 31/1985 decía que el carácter social de las cajas “exige una plena democratización de sus órganos rectores, de forma que en ellas puedan expresarse todos los intereses”. En sus asambleas estaban representados los clientes, los trabajadores, las regiones, los ayuntamientos… De ahí salían el consejo de administración y la comisión de control. El resultado fue el desembarco en estos órganos de ciudadanos soberanos, pero también ignorantes y muy manipulables. Este desgobierno es una de las razones por las que la morosidad de las cajas fue sistemáticamente superior a la de los bancos.

Una fiscalidad progresiva sobre la renta. Técnicamente, la progresividad es nula cuando se aplica el mismo gravamen a todas las rentas y máxima cuando se retiene el 100% a partir del nivel medio. ¿Cómo puntúa España a la luz de este criterio? Pues nuestros tipos marginales están entre los más altos del mundo: antes de la última reforma, solo Suecia y Aruba aplicaban una fiscalidad superior a la catalana. Y el tipo máximo se aplica desde niveles de ingresos relativamente bajos en comparación con el resto de la OCDE. Este diseño es típico de los años 70 y 80 y pocos países lo conservan, porque es muy ineficiente. Si lo que Podemos pretende es mejorar la recaudación, darle otra vuelta de tuerca a la progresividad es lo último que los fiscalistas recomiendan.

Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico. En nuestro entorno es la norma. En Alemania pagan el 10% de los medicamentos, en Austria cinco euros por receta, en Suecia y Noruega 15 por consulta, en Italia 10… La mayoría de los expertos coinciden en que sin la aportación de los particulares, la sanidad es insostenible. En España, cuando el PP llegó al poder, había acumulado un déficit de 30.000 millones. Y no es un problema de infrafinanciación crónica: estamos levemente por debajo de la media de la OCDE en gasto sanitario.

Garantizar la libertad de prensa. Iglesias defiende el establecimiento de mecanismos de control público de los medios de comunicación. Otra gran ocurrencia. El preámbulo de la Ley de Prensa de 1938 decía algo parecido: “No puede admitirse que el periodismo siga viviendo al margen del Estado”. Es más, “redimido el periodismo de la servidumbre capitalista”, proclamaba, “es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de prensa”. Y a continuación desgranaba la minuciosa regulación que hizo del franquismo el paraíso democrático que todos recordamos.

El referente. Aunque últimamente ha moderado su fervor, Iglesias cree que “América Latina es uno de los pocos lugares en los que se ha intentado hacer política de otra manera” y no oculta su admiración por Chávez. Desde el año 2000, el PIB per cápita de Venezuela ha crecido efectivamente el 23,1%, pero el de Brasil lo ha hecho el 35,7%, el de Colombia el 43,8% y el de Perú el 78,9%. Como ironiza Jesús Fernández Villaverde, dado el comportamiento del petróleo, que ha pasado de 10,2 dólares a más de 100 y supone el 94% de sus exportaciones, “ser los peores del grupo en términos de crecimiento requiere un esfuerzo considerable”.
Y las cosas están yendo últimamente a peor: la inflación es del 60,9%, la tasa de homicidios es de 53,7 por cada 100.000 habitantes [la segunda mayor del mundo después de Guatemala (90,4); en España es de 0,8] y hay desabastecimientos y cortes de luz. El Banco Central de Venezuela publica un índice de escasez. En abril estaba en 29% y hoy no sabemos por dónde andará, porque lleva meses sin sacarlo, me imagino que no porque el problema se haya resuelto. Las últimas noticias son que la falta de divisas impide la importación de componentes de coche y que S&P estima en un 50% las probabilidades de que el Gobierno no haga frente al vencimiento de sus bonos en los próximos dos años.