La mercantilización de la política

El populismo parte de la premisa bienintencionada de que todos tenemos derecho a todo, lo cual es encomiable como aspiración, pero desastroso como programa.

El vídeo más popular del último Nobel de Economía, Paul Romer, empieza con la fotografía de un grupo de estudiantes africanos haciendo los deberes bajo las farolas de un aeropuerto, porque en sus casas no hay luz. “Fijémonos en uno de ellos”, dice Romer. “Por ejemplo, el de la camisa verde. Pongámosle un nombre: Nelson. Les apuesto a que Nelson posee un móvil, y he aquí la paradoja: ¿por qué tiene Nelson acceso a una tecnología de última generación y no a otra centenaria?”

La respuesta es la ley. A algún presidente se le ocurrió que la electricidad era un derecho inalienable y obligó a las compañías generadoras a cobrar unas tarifas tan bajas que carecen de cualquier incentivo para ampliar su red, porque cuantos más usuarios conectan, más pierden. Otro presidente intentó reformar la ley y permitir a las operadoras obtener un beneficio modesto pero suficiente, similar al de los proveedores de telefonía, pero tropezó con el feroz rechazo del electorado. “Por eso”, concluye Romer, “Nelson sigue estudiando con ayuda del alumbrado público”.

El populismo parte de la premisa bienintencionada de que todos tenemos derecho a todo, lo cual es encomiable como aspiración a largo plazo, pero desastroso como programa a corto plazo. Pensemos en una iniciativa típica: la subida generalizada de los salarios. El razonamiento es que reactivará el consumo y, subsiguientemente, la inversión, la recaudación fiscal y el bienestar. Lamentablemente, el aumento de las retribuciones no tarda en trasladarse a los precios, neutralizando las ganancias en capacidad adquisitiva, y encarece las contrataciones, con lo que la sociedad acaba con más inflación, menos empleo y, en el mejor de los casos, igual de pobre.

Hemos presenciado reiteradamente esta espiral devastadora en Cuba, en Argentina, en Venezuela. ¿Por qué insisten los demagogos en una apuesta perdedora? Porque es una apuesta perdedora en lo económico, pero no tanto en lo político. Pablo Iglesias sabe bien lo que dice cuando asegura que su exigencia de ampliar el gasto social en 10.000 millones recoge “los intereses de la mayoría”. Su propuesta de Presupuestos no es una agenda para impulsar la prosperidad. Es una relación inconexa de ayudas, rebajas y dádivas con las que pretende sumar voluntades y asaltar la Moncloa.

La compra de votos con el dinero de todos es lo que el historiador John Joseph Wallis denomina “corrupción sistémica”. En nuestra mente el término corrupción evoca el soborno que el promotor ofrece al concejal de urbanismo para que le recalifique un terreno. “Se trata de una manipulación de la política para obtener una ventaja económica”, explica Wallis, y es por supuesto intolerable. Pero resulta mucho más deletérea la manipulación de la economía para obtener una ventaja política, que es lo que hacen los populistas. Medidas como regalar a capas crecientes de la población la luz, el transporte, la vivienda o un sueldo vitalicio requieren ingentes desembolsos que deben sufragarse con tales niveles de impuestos, deuda o inflación, que aplastan el aparato productivo y ahuyentan los capitales.

Al final, el país termina atrapado en una trampa de pobreza de la que es muy complicado escapar. En una mesa redonda organizada hace un año por IMF Business School, el exministro de Industria Miguel Sebastián argumentó que el problema principal de la renta básica universal no era su implantación. En España exigiría, según sus cálculos, unos 60.000 millones de euros, entre el 5% y el 6% del PIB. “Es un montón de dinero”, admitió, “pero no es inabordable”. Le preocupaban más los incentivos (¿quién iba a querer trabajar?) y, sobre todo, los costes de salida. “¿Qué pasa si no funciona y queremos desmontarla? ¿Cómo se da marcha atrás?”

Con muchísima dificultad, como bien saben Paul Romer y Pablo Iglesias.

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